Cuando aparecen filtraciones o roturas en los conductos de un edificio residencial, surge habitualmente el debate sobre quién debe costear el arreglo de los canalones en una comunidad de propietarios. Las averías en las bajantes de pluviales pueden dañar tanto zonas comunes como terrazas y salones particulares.
La legislación española establece con claridad la naturaleza jurídica de estos elementos para determinar a qué parte corresponde la factura del mantenimiento.
¿Elemento común o elemento privativo? Lo que dice la ley
De acuerdo con el Artículo 396 del Código Civil y los criterios de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), las cubiertas, tejados, aleros, canalones y bajantes pluviales tienen la consideración de elementos comunes por naturaleza.
Esto significa que forman parte de la estructura básica del inmueble, con independencia de que el canalón transcurra junto al balcón o dentro de la terraza privativa de un ático:
- Gasto comunitario: Las labores de limpieza, revisión técnica, sustitución o reparación deben ser abonadas por todos los propietarios con cargo a los fondos generales o mediante derrama comunitaria según las cuotas de participación.
- Excepción por negligencia demostrada: Solo en caso de que un propietario particular haya causado un daño directo (por ejemplo, arrojando objetos punzantes que bloqueen la bajante o perforando el canalón sin autorización), se le podría exigir el pago individual del arreglo.
Responsabilidad ante daños a terceros por desbordamiento
Si un canalón descuidado rebosa agua y produce humedades en la vivienda de un vecino o desperfectos en la fachada de la finca colindante, la comunidad de propietarios debe responder civilmente ante los perjuicios ocasionados.
El seguro del edificio solo suele cubrir estas incidencias si se acredita que la finca realiza un mantenimiento periódico responsable.
Si la comunidad necesita renovar las bajantes del edificio o sustituir conductos viejos de zinc o fibrocemento, consulta nuestro servicio de instalación de canalones en Madrid para comunidades con presupuestos cerrados y homologación de seguridad.
